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Personas quechuahablantes deben ser atendidas en su lengua originaria por entidades pblicas y privadas

14 de Junio de 2018 | Noticia
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Personas quechuahablantes tienen derecho a utilizar su lengua originaria en su vida diaria, así como ante cualquier autoridad, lo que supone que los procedimientos administrativos tomen en consideración tal situación, más aún si la persona es iletrada en el idioma castellano. No hacerlo es un acto discriminatorio por constituir un típico supuesto de discriminación por indiferenciación, pues, en ningún caso, el desconocimiento del castellano puede perjudicar a los quechuahablantes en sus relaciones con la Administración Pública, o ponerlos en una situación de desventaja frente a quienes, por el contrario, son competentes en el castellano. Así lo dispuso el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 00889-2017-PA/TC.

En el caso en mención, la accionante interpone demanda de amparo contra la municipalidad Provincial de Carhuaz, ya que mediante un supuesto acuerdo en una carta de compromiso, se le restringe la comercialización de productos de manera ambulatoria en un horario y espacio determinado ?otra comerciante en el mismo supuesto no es prohibida? por un acuerdo estipulado en una carta de compromiso, el cual ella desconoce puesto que es quechuahablante y analfabeta en el idioma castellano.

De acuerdo a ello las instancias de mérito declaran improcedente la demanda ya que lo reclamando no índice en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales a la igualdad y trabajo; además de no haber agotado la vía administrativa.

No obstante el Tribunal constitucional sostiene que no solo ambos derechos se ven sustentados en su pretensión, sino también el derecho al uso del propio idioma ante cualquier autoridad y el derecho a que en las zonas donde predominen las lenguas originarias, estas sean instituidas como idiomas oficiales junto al castellano, en tal sentido el asunto radica en determinar si la precitada carta de compromiso, sin traducción alguna al quechua puede resultar vinculante a la demandante, y su condición de quechuahablante y analfabeta en el idioma castellano.

Por lo tanto en mérito a lo evaluado se ha acreditó que la demandante es analfabeta en idioma castellano, realizó reclamos en base a documentos que muestran el agotamiento de la vía administrativa y que  vive en una zona que el quechua es idioma oficial, además de demostrar que la Municipalidad no se comunica en el idioma oficial de su jurisdicción.

De acuerdo a ello el Tribunal constitucional dispuso en declarar fundada la demanda y exhortó a todas las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos a que realicen sus máximos esfuerzos para que antes del Bicentenario de la independencia, oficialicen el uso de la lengua originaria predominante en sus ámbitos de desarrollo.

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