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No se puede atribuir responsabilidad penal al gerente general o representante de la empresa minera por el solo hecho de serlo

5 de Julio de 2018 | Noticia
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No se puede atribuir responsabilidades penales por el solo hecho de ser gerente general, representante, director u ostentar una posición de control en la empresa, sino y únicamente si el cargo implica la competencia específica frente a la prevención de infracciones ambientales. Así lo ha establecido la Corte Suprema en la Casación Nº 455-2017-PASCO.

En el caso en mención, el Ministerio Público, formuló denuncia contra el gerente de operaciones y gerente general de una compañía minera por el delito de contaminación ambiental y adicionalmente por el delito de responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas (gerente general); ello se fundó en los descargos de concentraciones contaminantes, por medio de los efluentes mineros metalúrgicos de una unidad minera a un río de la zona, como resultado del desarrollo de las operaciones mineras, atribuyendo tal responsabilidad de delitos por la condición de sus puestos de trabajo en la compañía.

Por otro lado, como acto de defensa, los procesados presentaron ante el juez penal un pedido de sobreseimiento o archivamiento de caso, el cual fue declarado fundado por las causales señaladas en los literales a y d del inciso 2 del artículo 344° del Código Procesal Penal, al considerarse que, “los hechos de la causa no podían ser atribuidos a los procesados” y que “no existían suficientes elementos de convicción para proceder a juicio”. No obstante la Sala de Apelaciones revocó el pedido de sobreseimiento.

No obstante, la Corte Suprema ha establecido que, aun cuando para la configuración del delito de contaminación no se requiere de una cualidad especial del agente, no debe soslayarse que la comisión del delito de contaminación ambiental se da en contextos de estructuras empresariales organizadas en torno a un mismo interés económico, cuyo campo de acción se encuentra vinculado precisamente con el medioambiente. De ese modo, la delimitación de la autoría y la participación de los agentes en casos de delitos ambientales dependerá directamente del rol funcional que éstos mantengan dentro de la empresa (para la Corte solo es posible sancionar al autor de un delito ambiental en la medida que su rol en la empresa incorpore, de modo específico, los deberes de prevención que emanan de la norma penal. No se admiten, por los tanto, imputaciones en base a conductas que extralimiten los alcances del rol funcional otorgado al agente por el ente empresarial).

Finalmente, la Corte Suprema determinó que el Ministerio Público no precisó el modo en que los funcionarios de la empresa minera no habrían cumplido sus deberes de prevención del acto contaminante. Dicho de otro modo, la Sala no cumplió con fundamentar, el “nexo causal” que debe existir entre el rol desempeñado por el imputado y el resultado que generó la infracción de dicho deber acorde. Por lo tanto declaró fundado el recurso de casación el cual declaró fundada la orden de sobreseimiento.

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