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El fiscal pueda ordenar el secreto de la investigacin preliminar

28 de Marzo de 2019 | Noticia
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La facultad del Ministerio Público de decretar el secreto de las investigaciones debe efectuarse en una resolución motivada, que permita al afectado, una vez alzado el secreto, verificar las razones que llevaron al fiscal a tomar tal decisión y en definitiva, al órgano judicial a comprobar que en esta se ponderaron el derecho de defensa y el interés de una eficaz administración de justicia. Así lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la casación N° 373-2018.

Veamos los acontecimientos: el Ministerio Público dispuso el inicio de la investigación preliminar por el delito de lavado de activos a una persona, y decretó el secreto de la investigación por el plazo de seis meses. El investigado solicitó tener acceso a los actuados, pero el fiscal rechazó su pedido.

Ante ello, el encausado solicitó la tutela de su derecho a ser informado de sus cargos, al Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria y se declaró fundado en parte.

Posteriormente, el fiscal provincial interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que confirmó la decisión de primera instancia, declarando fundada la solicitud de tutela de derechos planteada por el investigado. Luego, la fiscalía interpuso recurso de casación.

Al respecto, los magistrados de la Corte Suprema establecieron que aunque en esta primera subetapa procesal no rige, por su naturaleza, el principio de publicidad que conlleva el juicio oral, se le reconoce una publicidad relativa o inter partes, traducida en la facultad-derecho de los sujetos procesales de tomar conocimiento de forma inmediata y oportuna de los cargos que se les atribuyen y, de ser el caso, de instar las actuaciones que les sean favorables para la defensa de sus legítimos intereses.

Asimismo,señalaron que la citada garantía de defensa procesal se limita definitivamente por la declaración del secreto de las investigaciones, en virtud del cual se le impide al interesado conocer, intervenir o hasta contradecir las actuaciones que se practiquen durante el periodo en que se mantiene en secreto la investigación. Esta disposición, sustentada en el valor justicia y en la eficacia de las actuaciones estatales en el descubrimiento de la verdad, faculta al ente acusador a ejercer las medidas necesarias para evitar que las pruebas sean destruidas o alteradas.

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