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municipalidades no pueden vender terrenos a sus trabajadores

4 de Abril de 2019 | Noticia
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La posibilidad que las municipalidades distritales vendan terrenos a sus trabajadores se encuentra vedada por su propia Ley Orgánica, por cuanto se incurre en nulidad absoluta y manifiesta, que vulnera normas de orden público. Así lo ha establecido la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la casación N° 1378-2017, Arequipa.

En el caso en mención, una municipalidad interpone demanda de nulidad de acto jurídico contra una trabajadora de la municipalidad, solicitando como pretensión principal se declare nulo el acto jurídico contenido en la minuta y escritura pública, en la cual consta la transferencia de un lote; y en forma acumulativa, originaria y accesoria, la restitución de dicho bien, el cual está inscrito en partida registral a favor del demandante.

Por otra parte, la demandada alega que firmó la escritura pública de buena fe, habiendo pagado una suma de dinero como cuota inicial del precio del lote que se le adjudicó, sin imaginar que luego de ello, la Municipalidad anularía de oficio sus propios actos mediante Acuerdo de Concejo Municipal, acuerdo que no se le notificó.

Al respecto, en primera instancia se declara fundada la demanda considerando que el acto jurídico contenido en la minuta y escritura pública, incurre en la causal de nulidad prevista en el inciso octavo del artículo 219 del Código Civil, por cuanto contraviene normas de orden imperativas. Mediante sentencia de vista, se revocó y reformándola se declaró improcedente señalando que no existe interés para obrar del demandante. En consecuencia, el demandante interpone recurso de casación por infracción normativa.

En ese sentido, los magistrados de la Corte Suprema observan que la posibilidad que las municipalidades distritales vendan terrenos a sus trabajadores se encuentra vedada por la propia Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. Asimismo, como requisito para la transferencia de bienes de Estado debe haber previo pronunciamiento favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales conforme al artículo 16 del Decreto Supremo N° 154- 2001-EF (vigente a la fecha de los hechos). Dicha norma encuentra justificación en la necesidad de cautelar los bienes del Estado, impidiendo que estos puedan ser utilizados para fines particulares y en su desmedro.

Ante lo expuesto, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la demandante municipalidad.

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