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el derecho de «resistirse a la propia detención» no justifica causar lesiones al policía

11 de Julio de 2019 | Noticia
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Es verdad que toda persona puede oponerse y resistirse a la propia detención, pero lo que no se admite es violentar a la autoridad policial, agredirla para impedir que cumpla con su función de control de orden público y prevención del delito. Así lo ha establecido la Sala Penal Permanentede la Corte Suprema enel Recurso de Nulidad N°1268-2018-Lima Norte.

En el caso en mención, se trata del recurso de nulidad interpuesto por el encausado en contra de la sentencia que lo condenó como autor del delito de violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado. El encausado alega que la detención policial fue injustificada y abusiva, además fue agredido por la policía y no existen pruebas de una grave y significativa violencia y/o resistencia contra la autoridad.

Al respecto, la sentencia de instancia declaró probado que durante la intervención, el encausado opuso resistencia y agredió al efectivo policial; incluso reconoció que por cólera rompió el lado izquierdo del vehículo policial, así como alegó que estaba ebrio.

En ese sentido, los magistrados de la Corte Suprema señalaron quees obvio que el encausado se opuso a una intervención lícita de la autoridad policial, que actuó ante la denuncia de robo por parte de un ciudadano que lo sindicaba como tal. Esta oposición fue violenta y, como tal, importó la agresión directa a un efectivo policial, incluso se afectó un bien público policial (el patrullero). Ello denota una conducta irascible exacerbada por el consumo de alcohol. Por tanto, las lesiones causadas son clara muestra de esta violencia ilícita, no justificada y desproporcionada, que ejerció el imputado contra el policía.

Asimismo, si bien se cometió el delito juzgado, en el presente caso se presentó un caso evidente de ebriedad a tal punto que mermó las facultades, sin eliminarlas, de entendimiento del imputado, por lo que se aplica la concordancia de los artículos 20, apartado 1, y 21 del Código Penal. Se está ante una causal de disminución de punibilidad (eximencia incompleta), que obliga a reducir la pena por debajo del mínimo legal.

En consecuencia, se declaró no haber nulidad en la sentencia que condenó al encausado como autor del delito de violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado. No obstante, se declaró haber nulidad en la parte que le impuso cuatro años de pena privativa de libertad efectiva; reformándola: le impusieron dos años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente, por el plazo de un año.

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