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corresponde al funcionario pblico probar que el incremento desmesurado de su patrimonio tuvo una causa justificada y lcita

17 de Octubre de 2019 | Noticia
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En los delitos de enriquecimiento ilícito, la carga de probar del Ministerio Público está circunscrita a demostrar la existencia del incremento patrimonial de un funcionario público, cuando este es muy superior a los que regularmente hubiera podido alcanzar como resultado de sus ingresos legítimos. Es a partir de ese instante en que se invierte la carga de la prueba, correspondiendo al acusado el deber de acreditar que ese incremento desmesurado ha tenido una causa justificada y licita. Así lo ha establecido la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la Casación N° 953-2017-Lima

En el caso en mención, el representante del Ministerio Público imputó a un sujeto, que en su condición de funcionario público, cometió el delito de enriquecimiento ilícito, pues durante el periodo 2009 a 2012 se tuvo un desbalance patrimonial que no han sido justificados conforme se apreció del informe pericial. Además, se sostuvo que el imputado ha transgredido el código de ética, aprovechándose de su cargo.

Al respecto, en primera instancia y segunda instancia se condenó al imputado como autor del referido delito. Ante ello, el recurrente interpone recurso de casación.

En ese sentido, los señores magistrados de la Corte Suprema toman en cuenta que los autores José Ugaz Sánchez-Moreno y Francisco Ugaz Heuderbert, en su obra: Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad organizada, sostienen con respecto al artículo cuatrocientos uno del Código Penal:

“esta norma contiene una disposición que ha sido muy criticada al establecer un criterio indiciario de la comisión del delito que implicaría una inversión de la carga de la prueba, pues señala que considerará que existen indicios de enriquecimiento ilícito cuando el funcionario o servidor público aumenta notoriamente su patrimonio o poder adquisitivo. Estos incrementos del patrimonio y gasto deberán ser muy superiores a los que normalmente haya podido obtener como consecuencia de sus ingresos legítimos. Cuando ello ocurra, corresponderá al funcionario destruir la presunción indiciaría acreditando la licitud de su solvencia económica. Pese a las críticas, esta disposición ha sido incorporada en muchas legislaciones e incluso forma parte de tratados internacionales como las convenciones anticorrupción.”

Asimismo, el representante del Ministerio Público, demostró la existencia de un incremento patrimonial desproporcionado del acusado, conforme a sus ingresos regulares, en el tiempo que despeñó el cargo de funcionario público, sin embargo, al no haber acreditado el acusado la licitud de su solvencia económica, de manera razonablemente creíble, corresponde desestimar el recurso de casación.

En consecuencia, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el acusado.

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