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funcionarios pblicos pueden bloquear en sus redes sociales a cualquier ciudadano

7 de Noviembre de 2019 | Noticia
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Obligar a un funcionario a aceptar seguidores en su cuenta personal de Twitter, mediante el desbloqueo de cuentas, vulneraría su libertad personal. Esto es así porque la Constitución no permite forzar a nadie a interactuar en las redes sociales con quien no desea. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el ExpedienteN° 00442-2017-PA/TC.

En el caso en mención, un ciudadano interpuso demanda de amparo contra un funcionario público, a fin de que este lo desbloquee de su cuenta personal de Twitter. El demandante alegó que, a través de dicha cuenta, el funcionario compartía información sobre la institución que en esos momentos dirigía. Por ello, el demandante alegó que, dada la función pública que desarrollaba el demandado, su bloqueo en Twitter vulneró sus derechos fundamentales al acceso de información pública, y a las libertades de información y expresión.

Al respecto, en primera instancia el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda, y señaló que lo demandado no estaba relacionado al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. El a quo enfatizó que la cuenta de Twitter le pertenecía al emplazado y no a la institución donde laboraba el funcionario, y que cada titular de una cuenta de red social tenía la facultad de establecer restricciones a su acceso. No obstante, en segunda instancia la Sala revisora confirmó la apelada.

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que el funcionario ejerce su función de portavoz del gobierno a través de los canales institucionales oficiales. Por ello, la transmisión de información de asuntos de interés público a través de canales personales no estaría sometida a las exigencias de acceso propias de medios oficiales.

 

Asimismo, el uso que un funcionario público le dé a su cuenta personal de Twitter no altera su naturaleza privada, es decir, el hecho de que mediante aquella se transmita información que pueda ser de interés público no convierte dicha cuenta en una oficial o institucional.

 

Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo interpuesto por el ciudadano.

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