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tribunal constitucional declara inaplicable norma sobre caducidad de los crditos de reinversin de las universidades

27 de Julio de 2020 | Noticia
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Se ha declarado inaplicable la Ley N° 29766 que precisó que, desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1087 quedaron sin efecto los créditos de reinversión de las universidades, pues según el Tribunal Constitucional el legislador no podía, dentro del marco constitucional vigente, disponer la caducidad retroactiva del crédito por reinversión aplicable a las universidades privadas. Así se ha dispuesto en la STC. Exp. N°05410-2014-PA/TC.

El artículo único de la Ley 29766 establece: “Precísase que los beneficios tributarios a los que hace referencia el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087, Decreto Legislativo que aprueba Normas en Educación para el Mejor Aprovechamiento de los Acuerdos de Promoción Comercial, respecto de aquellas entidades educativas que no han sido incluidas en dicho artículo, caducaron a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1087 y respecto del impuesto a la renta al 31 de diciembre del ejercicio 2008 por tratarse de un tributo de periodicidad anual”.

Por su parte, el artículo 2 del Decreto Legislativo 1087 prescribió, “Los Centros de Educación Técnico Productiva e Institutos Superiores Tecnológicos Privados que desarrollen actividades de Formación Técnica Profesional en las áreas económicas- productivas de Agroindustria, Metalmecánica, Gas, Energía, Minería, Pesquería y Artesanía, que se encuentren dentro de los alcances de los beneficios tributarios establecidos en el Decreto Legislativo 882, estarán exceptuados de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1. del artículo 3 del Decreto Legislativo 977”.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional consideró que cuando una norma precisa algún aspecto del ordenamiento debe esclarecer el alcance de la disposición normativa previa de la que, naturalmente, se desprenden diversos sentidos interpretativos posibles.

Así, para que una norma interpretativa pueda ser considerada como tal, debe: a) Referirse a una norma legal anterior; b) Fijar el sentido de esta pronunciándose por uno de los múltiples significados posibles de la norma interpretada; y c) No debe incorporarle un contenido que no estuviera comprendido dentro de su ámbito material.
Por consiguiente, cuando una norma precisa algún aspecto del ordenamiento debe esclarecer el alcance de la disposición normativa previa de la que, naturalmente, se desprenden diversos sentidos interpretativos posibles.

El Tribunal cuando analizó la Ley 29766, advirtió que aun cuando comienza con la palabra "precísase", no brinda en realidad precisión alguna, limitándose a introducir, retroactivamente, un plazo específico que no había sido dispuesto previamente para la caducidad de los beneficios tributarios aplicables a las universidades privadas, beneficio que se encontraba vigente.

En razón a ello, el Tribunal determinó que dicha ley no cumple con el supuesto enunciado en el literal "b", por cuanto no opta entre diversos sentidos interpretativos que puedan atribuirse a la norma supuestamente interpretada. Tampoco coincide con lo descrito en el literal "c", ya que, efectivamente, incorpora un contenido no enunciado en la disposición original.

En suma, el Tribunal estimó que la ley no determina un sentido interpretativo, pues añade un límite temporal para la vigencia del crédito por reinversión que no se encontraba en la norma presuntamente precisada. Concluyó que no se trataba de una norma propiamente interpretativa, sino de una reforma a lo originariamente dispuesto en la regulación sobre crédito por reinversión, por lo que no podía ser aplicable retroactivamente ya que contraviene el artículo 109 de la Constitución.

Además, el Tribunal estableció que, si la universidad demandante ha reinvertido sus utilidades en infraestructura y equipamientos didácticos exclusivos para los fines educativos y de investigación, algo que naturalmente debe ser verificado por la administración tributaria, tiene derecho a gozar del crédito tributario por los periodos demandados —anteriores a la entrada en vigor de la Ley 29766— y una interpretación contraria vulneraría su derecho de propiedad.

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