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el hecho que en casacin se haya permitido el examen de las normas sobre materia probatoria ello no permite valoracin de las pruebas

29 de Julio de 2020 | Noticia
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Si bien en diversas ocasiones la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha reconocido la posibilidad de que en sede casatoria se someta a examen la adecuada aplicación de las normas contenidas en el Código Procesal Civil en materia probatoria, como en el caso del artículo 196 del Código Procesal Civil; ello no ha tenido el propósito de permitir en esta sede la reapertura de la labor de valoración de las pruebas las cual es de competencia exclusividad de los órganos jurisdiccionales de mérito. Así se señaló en la Casación N° 5143-2017-La Libertad.

Igualmente, en dicha casación se ha expresado que tal hecho tampoco tiene como finalidad facilitar en algún modo el acceso a una nueva discusión en cuanto a la corrección, o veracidad de las conclusiones fácticas adoptadas por órganos jurisdiccionales como producto de dicha valoración.

El único propósito de la Corte Suprema es examinar que esta labor la valoración probatoria sea desarrollada con respeto de las normas que para tal efecto contiene nuestro ordenamiento jurídico.

La Sala Civil Permanente tiene expuesta en sus decisiones una larga doctrina expuesta en las (Casaciones N° 612-2015-LIMA, Casación N° 1776-2015-SANTA y Casación N° 646-2015-LIMA ESTE) en relación a la naturaleza del derecho a la prueba como uno de carácter complejo, compuesto por el derecho de las partes a ofrecer los medios probatorios que consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia; y sobre la posibilidad de cautelar la correcta aplicación de este derecho en el proceso.

No obstante, ello nunca ha implicado que dicha Sala Suprema pueda o pretenda sustituirse en la competencia que corresponde únicamente a las instancias de mérito, para valorar el caudal probatorio existente en los autos y desprender a partir de él -en respeto a lo anterior, se entiende- las premisas fácticas sobre las cuales se construirá la decisión del caso.

Además, la imposibilidad de la Sala de Suprema de evaluar la corrección o veracidad de las premisas fácticas adoptadas por las instancias de mérito tiene, además, indiscutible sustento en nuestra legislación procesal, debido a que la operación de determinación de los hechos debatidos en el proceso resulta claramente ajena a los fines previstos en el artículo 384° del Código Procesal Civil, y, por tanto, se mantiene fuera de su competencia.

 

 

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