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el aumento de capital en los tiempos de liquidacin societaria

11 de Septiembre de 2020 | Noticia
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Por Cristian Ociel CABALLERO ARROYO*

La pregunta clave que representa el asunto a comentar es si procede o no aumentar el capital social cuando la sociedad se encuentra en pleno procedimiento de liquidación que la encamina hacia la extinción. Precisamente, esa fue la cuestión que el Tribunal Registral dilucidó en la Resolución N° 357-2020-SUNARP-TR-T del 3 de agosto de 2020, que se pasará a explicar en las siguientes líneas conjuntamente con algunos temas asociados que faciliten su compresión.

Cuando la persona jurídica opta por su salida del tráfico jurídico, esta no desaparece de forma instantánea, sino que debe atravesar por las fases de disolución, liquidación y extinción. Al respecto, la Ley General de Sociedades (en adelante LGS) ha regulado estas etapas en sus artículos 407 a 422. Esta situación se justifica porque la diversidad de relaciones jurídicas que la sociedad ha pactado con los socios, acreedores y terceros, en general, no puede finiquitar de forma inmediata, sin previamente saldar todas las obligaciones pendientes frente a todos ellos(1).

“(…) A partir de la ocurrencia de la causal o del acuerdo de disolución, la sociedad tiene como única finalidad la de liquidar su patrimonio y extinguirse” (Elías Laroza, 2015, p. 585).

Asimismo, Salas Sánchez (2017), citando a Rodrigo Uría (2003), agrega que:

(…) Con la puesta en disolución se inicia la resolución de todas las relaciones jurídicas en que sea sujeto la sociedad, la del vínculo asociativo que liga a los accionistas y la desaparición del propio ente social por desintegración de su complejo jurídico económico. La disolución, por sí, no pone fin a la sociedad ni siquiera paraliza enteramente la actividad social, aunque la transforme de actividad lucrativa en mera actividad liquidatoria. (…). (p. 175).

En el caso bajo análisis, en la partida registral de la sociedad figuraba inscrito el acuerdo de junta general con el que se decidió su disolución, asimismo, se designó a sus liquidadores, por tanto, su personalidad jurídica se mantenía todavía vigente(2) . Luego, la junta general, dentro ya de la etapa de liquidación, dispuso el aumento de capital que se solicitó inscribir. Esta sucesión de hechos conduce a preguntarse si entre las atribuciones que ese órgano social detenta, estando en curso la transición de la sociedad hacia su extinción, se comprende o no la facultad de incrementar el capital.

El artículo 413 de la LGS establece que al adoptarse la disolución cesan las atribuciones de los administradores sociales y demás representantes de la sociedad, pasando los liquidadores a ejercer las funciones conferidas por ley, el estatuto, el pacto social, a los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y a los acuerdos de la junta general. Agrega esa norma que los socios en junta general pueden adoptar las decisiones que estimen convenientes. Esto último resulta más que suficiente para entender que ese órgano societario mantiene plenamente su competencia para aumentar el capital social (artículo 115 numeral 3 de la LGS), lo que supone, naturalmente, que esta operación económica es útil para el interés social; siendo así, la adopción de tal acuerdo no solo favorece a los propios socios (quienes tendrían una mejor expectativa de rendimiento en el haber social remanente, si fuese el caso), sino que además, se revitaliza la función de garantía del capital, ya que se contará con mayor solvencia para saldar las deudas de la sociedad, evitando en lo posible que los acreedores queden impagos.

(…) el capital cumple una función de orden externo, cuál es, proclamar a la generalidad (los terceros) la promesa que realiza la sociedad respecto a que esta mantendrá un activo superior al pasivo, por lo menos en la cifra constitutiva del capital, por lo cual se logra una garantía indirecta a favor de los acreedores respecto a que la sociedad cuenta con solvencia patrimonial; en caso de incumplimiento de esta promesa (…). (Gonzales Barrón, 2008, pp. 302-303).

Otro fundamento a favor de esa posición se sustenta en el artículo 416 numeral 7 de la LGS, el cual señala como una de las funciones de los liquidadores el que exijan el pago de dividendos pasivos(3) a los socios correspondientes a aumentos de capital acordados por la junta general con posterioridad a la declaratoria de disolución, en la cuantía que sea suficiente para satisfacer los créditos y obligaciones frente a terceros. Esta facultad de los liquidadores solo se podría ejercer si previamente se aumentó el capital durante el procedimiento de liquidación; en otras palabras, se admite, a nivel normativo, que una sociedad en liquidación incremente su capital.

Por el contrario, el registrador asumió que esa posibilidad no está permitida para la sociedad, por lo que emitió la tacha sustantiva del título. Esa denegatoria transmite que para la sociedad toda decisión que le está autorizada es aquella destinada a desprenderse de sus activos, lo cual implica que durante su etapa de liquidación la persona jurídica está impedida de mejorar su solvencia económica para garantizar el pago de sus obligaciones. Posteriormente, el Tribunal Registral, al pronunciarse en vía de apelación, revocó esa denegatoria y dispuso la inscripción del título.

Por último, es pertinente añadir que, después de extenderse la inscripción del aumento de capital, la sociedad proseguirá en su procedimiento de liquidación con rumbo hacia su extinción, punto a partir del cual su existencia como sujeto de derecho habrá de concluir.

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[*] Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Maestro con mención en Derecho Civil y Comercial de la misma casa superior de estudios. Ex colaborador de la Oficina Regional del Indecopi – Lambayeque. Ha sido analista registral de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo. Actualmente, se desempeña como abogado de la Cuarta Sala del Tribunal Registral – Sede Trujillo.
(1) Sobre esto, Garrigues (1987) sostiene que:
(…) la sociedad es más que un contrato: es una colectividad que actúa en el tráfico jurídico bajo la forma de una persona jurídica que se relaciona contractualmente con quienes no son sus socios (terceros) creando una trama de vínculos jurídicos que no puede cortarse de golpe en el instante de la disolución del contrato social (p. 274).
(2) Ley General de Sociedades
Artículo 6.- Personalidad jurídica
La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción.
(3) Se refiere a la parte no pagada de las acciones que el socio suscribió cuando se aumentó el capital social.

 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Elías Laroza, E. (2015). Derecho Societario peruano (2ª edición, T. II). Lima: Gaceta Jurídica.
Garrigues, J. (1987). Curso de Derecho Mercantil (7ª edición, T. I). Bogotá: Temis.
Gonzales Barrón, G. (2008). Introducción al Derecho Registral y Notarial (2ª edición). Lima: Jurista Editores.
Salas Sánchez, J. (2017). Sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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