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reglas del pleno jurisdiccional nacional civil y procesal civil

1 de Diciembre de 2020 | Noticia
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El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil estableció cuatro reglas jurisprudenciales. Los acuerdos adoptados por los jueces superiores tratan sobre la validez de un acto de doble enajenación, el emplazamiento del mandato ejecutivo a los acreedores no ejecutantes, la reforma en peor en la sentencia que revoca el fallo que declara improcedente la demanda y reformándolo dispone su infundabilidad y si es posible que comprador puede adquirir por prescripción el bien comprado.

En relación al primer tema, esto es si la segunda compraventa en un acto de doble enajenación, ¿nula o válida? El Pleno acordó por mayoría que: “El segundo contrato de compraventa de un bien inmueble celebrado por el mismo vendedor con un distinto comprador, es nulo por alguna o algunas de las siguientes causales: (i) finalidad ilícita, (ii) objeto jurídicamente imposible, y/o (iii) ser contraria a las normas que interesan al orden público o a las buenas costumbres.”.

En cuanto a emplazamiento del mandato ejecutivo a los acreedores no ejecutantes, también se acordó que: "Los acreedores no ejecutantes sí deben ser emplazados con el mandato ejecutivo porque solo así se cumplirá con la finalidad prevista en el artículo 726 del Código Procesal Civil, esto es, se les debe dar la oportunidad de decidir si intervendrán o no en el proceso antes o después de la ejecución forzada, lo cual únicamente se efectuará de forma válida si es que han conocido la existencia del proceso con la notificación del mandato ejecutivo.".


Respecto a si es procesalmente posible que el Ad quem, a raíz del recurso de apelación formulado únicamente por el demandante, revoque la sentencia que en primera instancia declaró improcedente la demanda y reformándola disponga su infundabilidad, se acordó por mayoría que: “Frente al recurso de apelación de la parte demandante, sí es posible revocar una sentencia inhibitoria y reformarla en infundada, sin que ello signifique la violación del non reformatio in peius, siempre que el juez de primera instancia haya valorado los medios probatorios de las partes.”.

Finalmente, sobre si es válido jurídicamente, qué quién adquirió un bien inmueble por título privado (incluso del titular registral) como la compraventa, pretenda también la declaración de propiedad mediante la prescripción adquisitiva, el Pleno consideró que: “Sí es válido, pues la prescripción adquisitiva de dominio, en este caso, tendría la función de consolidar o asegurar el derecho del propietario usucapiente como para acceder a la inscripción registral. Lo que conlleva a afirmar: por un lado, a que no hay prohibición de acumulación de títulos de dominio y, por otro lado, la prescripción garantiza un nuevo título que consolide y asegure la situación del usucapiente. En razón, que la usucapión aparte de ser un modo de adquirir la propiedad, es también un modo de consolidar la propiedad.”.

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